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Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.Obtener o mantener determinadas propiedades como la vivienda, o soñar con lograrlo, es el principal factor motivacional para el trabajo. En sistemas comunistas, el anhelo privado por la propiedad se sustituye (idealmente) con un acceso garantizado a los bienes básicos más el compromiso personal con determinados ideales (se trabaja por la “casa común”, la patria socialista, el proyecto revolucionario, etc.). En sociedades liberales como la nuestra, y salvo en profesiones muy vocacionales, no hay más estímulo que el de la posesión o disfrute privado de la vivienda y otros bienes. Sin esta expectativa el trabajo se reduce a un mero mecanismo precarizado de supervivencia, con baja productividad y ninguna entidad moral, lo que provoca la búsqueda de valores alternativos y el aumento de los radicalismos, la polarización y la inestabilidad política.
Se equivoca, pues, quien cree que los opciones liberales pueden hacer algo por sí solas para afrontar el problema de la vivienda: dejar que el mercado siga su curso es un suicidio social y abre la puerta a un peligroso aventurerismo político. Mucho menos tienen que ofrecer las demagógicas propuestas de la extrema derecha (expulsión de inmigrantes, medidas «antiocupación»), descaradamente inviables o irrelevantes, en tanto la mano de obra inmigrante es insustituible y en cuanto las «ocupaciones» no afectan realmente más que a un porcentaje nimio de viviendas.
La única opción es una intervención contundente del Estado. Pero una intervención que no provoque un aumento – ya casi insoportable – de la polaridad social, ahora entre una élite inmobiliaria coaligada con la amplísima clase media propietaria (a los que les interesa poco o nada que el problema se resuelva y bajen los precios) y una clase desposeída, formada mayoritariamente por jóvenes, a los que no les mueve (como piensan ingenuamente algunos) la lucha contra el rentismo, sino su propio acceso a la propiedad (y que, desde luego, no le haría ascos, llegado el caso, al disfrute de rentas inmobiliarias).
El problema es, así, el de cómo arbitrar políticamente los intereses de los que ya tienen con los de aquellos que quieren y no pueden ni soñar con tener. Tal vez lo primero sería convencernos de que, a medio y largo plazo (baja de productividad, brecha generacional, inestabilidad…) el conflicto no beneficia a nadie, ni siquiera a las clases medias propietarias, que no podrían reinvertir su capital con tanta agilidad como las élites una vez empezara a hundirse el barco. Lo segundo sería instituir un pacto de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias que permitiera consensuar y aplicar a largo plazo las medidas legislativas imprescindibles para resolver el problema: la centralización y agilización de políticas urbanísticas, la promoción masiva de nuevas viviendas (incluyendo un amplio parque no reversible de vivienda social), una mayor presión fiscal al alquiler turístico (y una mayor desgravación a las donaciones en vida), pautas firmes de protección ante abusos (incluyendo límite de precios en zonas tensionadas), etcétera. Ahora bien: ¿serán capaces los líderes políticos, en el actual clima de frentismo sin cuartel, de afrontar semejante reto? Lo dudo mucho, por lo que, probablemente, lo primerísimo que habría que hacer sería desahuciarlos a todos ellos lo antes posible y buscar nuevos inquilinos para regir la cosa pública.
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