Quien haya pasado por las clases de filosofía de bachillerato en los últimos años estará ya familiarizado con uno de los conceptos más importantes de la Ética a Nicómaco: la prudencia. Su función en la obra aristotélica es tan importante que hay autores como Pierre Aubenque que le han dedicado todo un estudio: La prudencia en Aristóteles. Tomar la decisión adecuada y llevarla a cabo. En esto viene a consistir la prudencia. Se ha convertido en una de esas palabras clave en la ética, y hoy quería poner en discusión su papel dentro de la política. Principalmente porque ya hemos asistido a la primera “imprudencia” del nuevo gobierno: después de prometer durante meses que jamás subirían los impuestos, una de sus primeras decisiones ha sido aprobar una de las mayores subidas de los últimos años.
No voy a entrar a valorar el argumentario de cada partido, que trata siempre de distribuir culpas y cargas hacia afuera. La cuestión es que lo prudente hubiera sido añadir una condición al mensaje lanzado en campaña: “no subiré los impuestos si el déficit se ajusta a lo previsto”. De esa forma hubiera quedado todo más claro. Actuar en contra de lo que se dijo en un terreno como la política es tristemente habitual: lo vimos en el anterior gobierno y lo estamos viendo en este. Y replicarán los responsables, que más imprudente sería quedar atado a las palabras y decidir en contra de lo que conviene. Al final, incluso tenemos que ver cómo se saca pecho del hacer lo contrario de lo que se dijo: “de no haber sido así, las consecuencias hubieran sido terribles”. Así que pretenden hacernos pasar por acertada una decisión que quizás es acorde a circunstancias nuevas, pero que deberían obligar a los políticos, sean del signo que sean, a elaborar sus discursos y promesas con cautela.
Hay una reflexión a mayores, que hemos de tener en cuenta para completar el panorama: la prudencia y la democracia. De una forma u otra, todos damos por hecho que vivimos en un sistema que obliga a los partidos, auténticos depositarios del poder político, a luchar entre sí para lograr el beneplácito de la sociedad. Cuando esta lucha se plantea en unas elecciones hay dos factores fundamentales que tiene en cuenta el ciudadano: la tarea realizada por el gobierno en los últimos años y los programas electorales. Si no ha habido grandes problemas o errores garrafales, el primer elemento puede anular al segundo, convirtiendo la campaña en algo prescindible. Pero en caso constrario, las promesas son la baza de los políticos, que se creen obligados a prometer lo imposible con tal de arañar votos. Los encargados de elaborar campañas dirán que el propio sistema les obliga a la imprudencia, la invención y el engaño. Es la propia sociedad la que “necesita” cierta imprudencia política para acudir a las urnas. ¿Realmente es esto así, o se trata sólo de una justificación? Lo más preocupante es que este argumento a favor de la imprudencia política esconde una valoración dura de aceptar: hay que tratar a los ciudadanos como si fueran niños, como si no tuvieran capacidad de juicio y valoración. ¿Cabe una imprudencia política mayor que esta?